Me encuentro entre el grupo de ciudadanos del mundo que estima que la educación, es un pilar fundamental para el desarrollo del ser humano.
Simplemente sin educación no existe bienestar, las sociedades ingresan a un letargo sin retorno, en que la mediocridad, la mezquindad y la ignorancia reinan con desfachatez desmedida, lo que da al traste con el empobrecimiento galopante de la población.
Una sociedad educada determina su futuro con una planificación consciente, que toma en consideración sus virtudes y debilidades, adecuándose para satisfacer sus necesidades. Una sociedad educada exige que sus gobernantes tengan una visión de Estado, que resuelvan no solo problemas a corto plazo, sino por el contrario, que velen por un desarrollo sostenible de las generaciones presentes y futuras.
Por ser una convencida de que la educación es la puerta de salida del sub-desarrollo, y por ende, de la pobreza, he acogido con beneplácito los esfuerzos estatales y particulares por identificar la educación ambiental, como un elemento clave para la preservación de nuestro medio, sólo educando a la población se logra internalizar una visión de respeto al ambiente y se despierta la búsqueda de un uso racional de los recursos. Sin embargo, nuestros colegios y universidades se han quedado rezagados en esta materia, puesto que o no figura en los planes académicos o se le otorga en muchos casos, un carácter electivo, cuando debería ser parte integral de la formación de nuestros jóvenes, según lo expresa la Ley 10 de 1992:
“Por la cual se adopta la educación ambiental como una estrategia nacional para conservar y desarrollar los recursos naturales y preservar el medio ambiente”
Esta norma, en sus artículos iniciales, expresa el deber del Estado de promover, apoyar y facilitar la integración de la educación ambiental como un eje transversal en la cadena educativa, obligando a incluir un contenido y enfoque ambiental en los programas de estudio de los colegios de nivel inicial, primario y medio y en los planes de estudio de la educación superior del país.
No obstante, todo lo anterior se convierte en letra muerta, sin una formal y verdadera capacitación de los docentes quienes tienen a su cargo impartir dichos conocimientos y sin programas educativos de tipo informal que permitan tener acceso a los ciudadanos que se encuentran fuera del sistema educativo y quienes desde sus hogares, deben convertirse en misioneros ambientales.
Urge la necesidad de tomar medidas en este sentido pues día a día observamos como gran parte de nuestro territorio esta siendo devastado y degradado, a costa de la propia subsistencia de sus habitantes, por la falta de una apropiada orientación, en el manejo de los recursos, lo que se traduce en carencia de educación.
Solo con educación se levantarán los cimientos de una conciencia ambientalista.
Daika Levy
Inició sus labores como abogada en el Ministerio Público en 1995, ocupando diversos cargos, hasta el 30 de agosto de 2007. Igualmente desempeño sus labores como miembro del grupo de Asesores Legales de la Administración General de la Autoridad Nacional del Ambiente, convirtiéndose en Jefa de Asesoría Legal de la Administración Regional Metropolitana de la ANAM. En la actualidad se desempeña como abogada independiente, dedicada al litigio penal y ambiental en materia penal, civil y administrativo.